Cataluña Vs Estado de derecho: el desafío catalán desde un punto de vista legal


Cataluña y España

En estos días se está escuchando en los medios de comunicación terminología que es habitual en los pasillos de los juzgados y en los bufetes de abogados, pero, no tanto, en los círculos de tertulia diaria.


Tribunales como el Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial; y textos legados como la Constitución Española o el Estatuto de Autonomía. Todo ello supone un maremágnum legal que acaba desmotivando al lector curioso.


Nos proponemos hoy ayudar un poco a nuestros lectores para que entiendan hacia dónde va el desafío secesionista, qué medidas legales está tomando y no tomando el gobierno, y qué podemos esperar después del 1-O.


El primer paso sería hablar de las competencias de las Comunidades Autónomas. Transferidas a lo largo de nuestra democracia como fruto de la negociación política entre las distintas fuerzas representadas en las cámaras donde reside el poder legislativo. Entre estas competencias están algunas tan importantes con la Sanidad, la Educación o la potestad de convocar Elecciones Autonómicas; pero no la más importante en este problema: la capacidad para convocar consultas a la ciudadanía a través de Referéndum; que sigue siendo una competencia central.


El marco legal de cataluña

Cataluña se rige, al igual que cualquier comunidad autónoma de España, bajo las leyes del Estado. En el objeto que nos trata, la Constitución Española de 1978, principal texto utilizado por el poder central para dar negativa al desafío secesionista, pero también por su propio Estatuto de Autonomía (El Estatut) vigente desde 1979 y modificado tras referéndum (legal) en el Parlament de Cataluña en junio de 2006, siendo President Pasqual Maragall (PSC). Este texto venía refrendado por Senado y Congreso de los Diputados en el mes de mayo, no sin poca polémica consigo.


El origen del problema: El Estatut de 2006

El septiembre de 2006, el Constitucional admite el recurso de inconstitucionalidad del texto presentado por el PP (entonces en la oposición).


Es el 28 de junio de 2010 cuando este tribunal avala la mayor parte del Estatut, con un resultado ajustado de seis votos a cuatro. El texto avala la mayoría de los artículos impugnados por el PP a cinco meses de las elecciones catalanas. Sin embargo, el texto declara inconstitucional 14 artículos, algunos de ellos referidos a la creación de un poder judicial catalán, interpreta en torno a otros 24 y avala el resto de los 245 artículos y disposiciones con los que cuenta el texto catalán. Comienza el terremoto.


La principal modificación del Alto Tribunal viene referida a la consideración de "realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa", remarcando que "la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional".


Un primer intento

En 2014, el 9N (9 de noviembre) las instituciones catalanas ponen en marcha la primera votación, que, tras sucesivos varapalos legales y organizativos, se acaba convirtiendo en un proceso festivo, carente de toda legalidad, con el que sin embargo han sido imputados el expresident Artur Mas y sus exconsejeras Rigau y Ortega principalmente, junto a otros 7 exconsejeros y altos cargos del gobierno autonómico de Cataluña.


El pasado 25 de septiembre se fijaba la fianza que deben ingresar los principales promotores de esta iniciativa en 5,2 millones de euros, calculada en base al gasto estimado producido en la celebración de este evento.


El paso hacia el abismo legal

Una vez fracasado el intento del 9N, el desafío secesionista toma una vía de una sola dirección con la convocatoria de elecciones autonómicas en forma de “plebiscito”, un término más político que legal que vincula el resultado de una votación como una respuesta a una pregunta encubierta. En este caso, los partidos catalanes independentistas (Convergència y Esquerra Republicana de Cataluña) se unieron en septiembre de 2015 bajo una nueva denominación (“Junts pel Si”) para acudir a las elecciones autonómicas con el objetivo de utilizar un hipotético resultado mayoritario como el mandato del pueblo catalán de decir “SÍ” a una Cataluña independiente de España.


Una vez diseñado el escenario inicial, se constituye el nuevo Parlament, se designa president (no sin pocos problemas para el hipotético candidato a President, Artur Mas; que finalmente fue sustituido por el hasta entonces alcalde de Gerona, Carles Puigdemont, tras acuerdo con otro partido independentista, CUP, que vinculó su apoyo a la retirada del candidato Mas). Se inicia la legislatura con un objetivo claro: convocar un referéndum separatista en un plazo máximo de 2 años.


A cada acción del Govern, un reacción de la justicia


El 7 de septiembre de 2017, el Tribunal Constitucional dicta sentencia para anular el andamiaje jurídico del Parlament para el referéndum. La decisión del Constitucional que suspende la ley de ruptura fue notificada al Govern, a la Mesa de la Cámara y a los miembros de la sindicatura electoral de Catalunya, así como a los síndicos electorales del Aran, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.


Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República: aprobada con urgencia en el mes de septiembre para dar cobertura legal a la consulta del 1-O. Con la ausencia de la oposición al completo (Partido Socialista de Cataluña, Ciutatans y Partido Popular), y convirtiéndose en protagonista inesperada la diputada de Podemos (Podem) Àngels Martínez por retirar las banderas de España colocadas por los diputados ausentes sobre la bancada popular.


El 12 de septiembre el Tribunal Constitucional, reunido de forma extraordinaria, admitió a trámite los dos últimos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de España. Se trata del presentado contra la ley de transitoriedad, que prevé el marco para constituir una república en Catalunya tras la consulta vetada, y del relativo al código tributario que crea una hacienda catalana.


Las justicia catalana también contra el procés

El mayor golpe al referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre no lo han asestado ni el Gobierno ni la fiscalía, sino un juez de instrucción de Barcelona, paradójicamente el del Juzgado nº 13.


La Guardia Civil lanzó el 20 de septiembre, por orden del magistrado, una operación que culminó con la detención de los máximos responsables operativos de la consulta. Algunos de esos altos cargos integran el equipo de confianza del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, de ERC. Los registros se realizan en las Consejerías de Economía, Exteriores, Gobernación y Trabajo. Se producen las primeras detenciones (14 en total) que provocan una oleada de protestas en las calles de Barcelona.


El artículo 155 de la Constitución Española

Y ante todo este maremoto legal, solo aparece un posible salvador: el artículo 155 de la Constitución.

El texto del mismo dice textualmente:

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.


2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.


En la práctica supondría el “cierre del Parlament de Cataluña”, la supresión de todas las competencias transferidas a la Comunidad Autónoma de Cataluña, y la asunción del gobierno de este territorio del Estado Español por parte del Delegado del Gobierno de España en Cataluña, Josep Enric Millo i Rocher. Un paso que, sin duda, abriría una nueva etapa, inexplorada hasta ahora, en la relación entre Estado y Autonomías.


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